Escuela pública y religión: una mezcla imposible

Las estadísticas no engañan: según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde el año 2000 hasta el año 2015, el porcentaje de alumnos que cursaban religión católica descendió desde el 80% al 65% en Primaria, del 62% al 45% en Secundaria y desde el 44% a un exiguo 27% en Bachillerato como media global de todas las Comunidades Autónomas; sin embargo, en los dos últimos cursos, las matriculaciones en las tres etapas han subido notablemente, no solo en Extremadura, también en el resto de España. En algunos centros la subida ha llegado hasta un 150%, fundamentalmente en Bachillerato.

¿Asistimos, en consecuencia, a un resurgir de la espiritualidad? 
¿Son las nuevas generaciones más devotas que sus predecesoras? 
Rotundamente no. 
El objetivo de este artículo es desmontar la idea que se promueve
 desde ciertos círculos religiosos, políticos y mediáticos de que
 la enseñanza en la escuela pública de la religión 
(de diversa índole pero católica principalmente) responde a una
 necesidad en aumento, a una demanda inapelable de la sociedad.

En primer lugar, el principal artífice de esta indiscutible subida de matriculaciones es la ominosa LOMCE, esa  ley promovida por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert. Con esta ley, aún vigente, la nota obtenida en religión cuenta para la prueba final de Bachillerato, presentándose así como una materia asequible que ayuda al alumnado a mejorar la nota media y tener mayores posibilidades de estudiar la carrera deseada. Frente a materias como Ética y Ciudadanía, Anatomía o Francés, es evidente que las posibilidades de obtener mejores notas se obtienen cursando religión. Solo así se explica la espectacular subida en 1º y 2º de Bachillerato. En algunos centros de Extremadura, en el curso 2014/2015 únicamente la cursaba el 15% del alumnado de 1º de Bachillerato, mientras que tres cursos más tarde, alcanza el 80%. Este hecho se observa también en un aumento significativo del profesorado de religión católica, que cubre sus horas lectivas con mucha más facilidad que en años previos; y sin olvidar que dicho profesorado, pese a tener un sueldo similar al de un interino o un funcionario con plaza, no ha pasado el exigente proceso selectivo de las oposiciones docentes y su experiencia como profesor de religión le barema igual que al resto de profesores si desea presentarse por otra especialidad. De todo esto surgen varias cuestiones: ¿tiene legitimidad una materia que sustenta su «éxito» en garantizar excelentes notas a sus alumnos? ¿Pueden baremarse las creencias con una calificación, en muchos casos, insuperable e inalcanzable para el alumnado en el resto de materias? ¿Debe la enseñanza, sobre todo la pública, dar cabida a una materia que enseña creencias y valores en muchas ocasiones segregadores y anticonstitucionales?

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*Raquel Rodríguez Niño y Ricardo Hurtado Simó son docentes en Extremadura y miembros de la AFEX (Asociación de Filósofos Extremeños)