EL LIBRO BLANCO DE LOS PROFESORES DIVIDE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA


El Libro Blanco del Docente divide a la comunidad educativa murciana, que admite que profesores y maestros apenas son evaluados a lo largo de su carrera profesional

Los servicios de inspección instruyen una media de 25 expedientes anuales, la inmensa mayoría por faltas leves de profesores, como llegar tarde a clase. En contadas ocasiones, salvo en el caso de los interinos, la mala praxis docente acarrea la expulsión

Los nervios y la inseguridad que atrapan a cualquiera ante la perspectiva de recibir una evaluación sobre su trabajo son sensaciones cotidianas para el claustro de profesores del instituto Valle de Leiva, en Alhama de Murcia. Todos los cursos, al igual que sus alumnos, los docentes reciben su ‘boletín de calificaciones’, tras someterse a la evaluación de los propios estudiantes, que dictaminan si sus profesores explican con claridad los temarios o si ajustan sus exámenes al contenido tratado en clase. El proceso no acaba con la entrega de las ‘notas’ al docente: quienes no logran buenos resultados deben analizar las causas, dar explicaciones a la dirección y proponer mejoras. Todo, no solo los conocimientos de los estudiantes, se evalúa en el instituto alhameño. La satisfacción de los padres con el centro, la gestión de la dirección… «Costó al principio; a nadie le gusta que le examinen, pero desde que pusimos en marcha el programa de evaluaciones lo planteamos como con un instrumento para mejorar, y ese es el único fin», cuenta, satisfecho con los resultados del proyecto, Alfonso Hernández, jefe de estudios.

Alfonso Hernández, jefe de estudios en el IES Valle de Leiva de Alhama, donde los docentes son evaluados por sus alumnos todos los cursos, en una clase.

En el IES Valle de Leiva es también una práctica habitual que los profesores entren a las clases de sus compañeros como observadores. «Se aprende mucho al ver en acción a otros profesores. Todos tenemos destrezas y formas de hacer las cosas que dan resultado, y es una forma muy útil de compartirlas».

El avance del Libro Blanco del Docente hecho público por el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, que propone entre otras muchas cuestiones generalizar la práctica que llevan años desarrollando en el instituto alhameño, plantea además la posibilidad de comprometer parte del sueldo de los profesores a los objetivos logrados. La idea ha desatado un encendido debate, por momentos receptivo y en ocasiones a la defensiva, entre la comunidad educativa.

¿Quién examina al examinador? ¿Con qué criterios? ¿Es justo que quienes se dejan la piel en el aula, preparan las clases a conciencia, investigan y velan por los progresos de sus estudiantes, cobren lo mismo que quienes aprobaron una oposición y dejaron el cuerpo muerto? ¿No están ya sometidos los profesores a suficientes filtros y pruebas, desde el acceso a la función docente hasta el escrutinio diario de alumnos, familias, dirección e inspección?

El mero planteamiento de esas cuestiones aviva ampollas entre muchos docentes, que se sienten fiscalizados y cuestionados en el ejercicio de su trabajo, después de cinco años de recortes que no han facilitado su tarea en el aula. Otros, en cambio, aplauden las sugerencias planteadas por el Libro Blanco, llamado a ser un documento preliminar para un pacto de Estado por la Educación. «La evaluación es básica, fundamental; si no, no se mejora. Podemos estar equivocados pensando que lo estamos haciendo bien, y el daño es irreparable», plantea Mariola Sanz, presidenta de la Asociación de Directores de Colegios de Primaria, quien sin embargo no está de acuerdo con que el resultado de esas evaluaciones tenga efecto en la retribución de los docentes. Propone en cambio que se premie con proyectos y recursos para los colegios. En el otro extremo, Pedro Manuel Vicente, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras: «Los docentes ya nos sometemos a filtros y evaluaciones muy exigentes, desde la oposición hasta los servicios de inspección», se queja.

La realidad, admiten Administración regional, profesores, padres y estudiantes, es que una vez superados los exigentes tamices iniciales de acceso a la profesión, los docentes solo son evaluados por iniciativa propia: cuando quieren promocionar a catedrático, pedir un traslado… «No existe un sistema de evaluación sistemático y objetivo, es así. Incluso cuando se detecta que un interino no hace bien su trabajo, el margen de maniobra es escaso», reconoce el director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Enrique Ujaldón.

El mal no es endémico de la Región. Los profesores españoles son los docentes que pasan menos controles externos, junto a los italianos, según el informe de la OCDE que revela que el 36% nunca ha sido sometido a una evaluación formal y externa de su labor. La media de los países de la organización no examinados es en cambio del 9%. En otros países, como Francia, los profesores de Primaria y Secundaria son evaluados por inspectores y directores, que les califican con una nota que pueden ir subiendo a lo largo de su carrera, y que les permite progresar hasta once niveles laborales y mejorar su remuneración. Los inspectores entran a las clases y el director evalúa r utinas cotidianas, como la puntualidad y la asistencia.

Las competencias del medio centenar de inspectores de la Consejería de Educación están en cambio más acotadas. Instruyen expedientes e informes a instancias de directores, profesores y padres, y que raramente terminan con la expulsión de un docente por mala praxis. Según los datos de la Consejería de Educación, cada curso se inician una media de 25 expedientes, la inmensa mayoría por faltas leves, como llegar tarde a clase o faltar reiteradamente. «Pocos, como mucho uno al año –entre un colectivo de más de 20.000 profesionales– terminan en sanción por una falta muy grave que implique la suspensión de empleo y sueldo o la expulsión», detalla el secretario general de la Consejería, Manuel Marcos Sánchez.

Cómo examinar al que examina es, para el presidente de la Asociación de Directivos de Centros Educativos Públicos de Secundaria de la Región (Ades), Raimundo de los Reyes, la clave. «No puede hacerse a través de las calificaciones de sus alumnos, en las que influye de forma determinante el entorno y el contexto del alumno, sería injusto», alerta De los Reyes, en coincidencia con el sentir mayoritario de los profesores murcianos. El riesgo de pervertir el sistema, de instruir al alumno con el objetivo de lograr buenas evaluaciones, «y no sencillamente de que aprenda y esté motivado, es grande», apunta Javier Babakarjial, del Frente de Acción Estudiantil (FAE) y futuro profesor de Historia.

Tampoco es así como propone hacerlo el filósofo Marina, quien en su esbozo del Libro Blanco plantea un procedimiento más complejo que pasa por analizar la trayectoria profesional y académica del profesor, el aprovechamiento pedagógico del alumno (no su nota, sino su progreso), el modo en que el profesor imparte las clases y hasta su relación con los padres.

Antes de pedirles cuentas, reclama el catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, Antonio Viñao, es preciso garantizar que los docentes han sido bien formados. Lo reclama también el Libro Blanco, que rescata la propuesta de un MIR educativo –establecer un sistema similar al de los médicos en el acceso y formación de los profesores– para la función docente. De esa manera, las aulas lograrían hacerse con los mejores expedientes y profesionales. «Si marcas un cupo exigente, garantizas con plazas que esos estudiantes tendrán un trabajo, y les facilitas una formación práctica bien tutorizada durante un curso completo, atraerás a los mejores profesionales», defiende Viñao, quien recuerda que el sistema no es nuevo ni un invento finlandés. «España ya conoció un modelo similar en la II República, y funcionó», reivindica.

Los estudiantes de Educación de la Universidad de Murcia realizan unos dos meses de prácticas desde segundo. Su desarrollo y aprovechamiento depende de mil factores. «Desde el tutor que te toque hasta tus destrezas. Si todo va bien, claro que impartes clases y aprendes», cuenta Natividad Mus, alumna de cuarto curso y delegada del grado. Los del máster en Formación del Profesorado de Secundaria que realizan los graduados –en Matemáticas, Historia, Física…– tienen que completar 60 créditos (unas 1.500 horas) de prácticas en centros docentes, pero siguen siendo, a juicio de los propios docentes universitarios, insuficientes.

Entre tanto, la investigación y la docencia universitarias siguen reteniendo los mejores expedientes, que no llegan a las aulas. No tanto por una cuestión económica –la diferencia salarial entre unos y otros docentes existe, pero no es abismal–, sino más bien de reconocimiento. «Es una profesión, en muchos sentidos, ingrata y mal valorada», denuncia el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Víctor Escavy, quien defiende que la rendición de cuentas es más exigente en los centros de titularidad privada. «Los padres tienen más margen para opinar, y los directores para decidir qué profesionales quieren a su lado para desarrollar su proyecto».

Las aulas de colegios e institutos son como cajas negras de un avión, perciben las familias. La información está dentro, pero desde fuera es prácticamente imposible conocerla, coinciden los padres de los centros públicos y concertados. «Es un mundo cerrado, y cuando hablamos de participar, no se trata de fiscalizar, sino de colaborar y de aportar lo que sabemos sobre nuestros hijos y opinar», reclama Francisca López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), para quien no hay razón para no evaluar al docente «siempre que se haga con el afán de mejorar».

«Los buenos profesores no pueden cobrar lo mismo que los malos». La valoración del pedagogo y filósofo Marina en su libro ‘Despertad al diplodocus. Una conspiración educativa para transformar la escuela’, ha sido quizá el desencadenante de la polémica. Si las evaluaciones encuentran un encaje casi unánime entre la comunidad educativa, para nada hay acuerdo en que parte del salario quede comprometido a objetivos logrados. Más allá de la satisfacción personal y el reconocimiento de sus alumnos, el buen ejercicio de la docencia no tiene actualmente apenas repercursión en la carrera profesional del profesor. Las evaluaciones que sí realizan los estudiantes universitarios de sus docentes tienen un efecto mínimo en sus nóminas. En colegios e institutos, la buena práctica en el aula apenas recibe estímulos. «Te llegas a plantear si estás haciendo el ‘primo’ dejándote la piel, cuando en la clase de al lado otro cobra lo mismo que tú por lo contrario», admite Alfonso Nicolás, profesor de Geografía en Cartagena. «Te salva el amor a tu profesión y la satisfacción de enseñar como merece cualquier niño o adolescente», sentencia.

La formación permanente, en cambio, sí tiene efectos en las nóminas y destinos de los profesores, que acumulan quinquenios remunerados (con una media de cien euros) y posibilidades de elegir plaza si cumplen con unas horas mínimas de formación. «La inmensa mayoría lo hacen en los centros de profesores y recursos, aunque es cierto que es necesario revisar el catálogo y amoldarlo a las necesidades de los colegios», explica Ujaldón, para quien la gratificación de 400 euros que Educación repartió el curso pasado entre los docentes que acreditaron haber obtenido el B2 en inglés, francés o alemán es una buena fórmula para incentivar la formación continua de sus profesores. El secretario general del sindicato Anpe, Clemente Hernández, no lo ve así. «No necesitamos gratificaciones. Pero sí exigimos que se recuperen los retrocesos que padecemos a causa de los recortes. ¿Cómo se puede exigir más a un profesor que tiene más alumnos en el aula, que ha perdido al docente de apoyo, y que encima tiene que sacar adelante cada vez más trabajo burocrático, rellenar informes, cumplir con lloos nuevos estándares de aprendizaje de la Lomce?»,

cuestiona.

Un borrador en el cajón

Evaluar al examinador en funciónf de un sistema regladogl y periódico es objetivo de la Consejería de Educación desde noviembre del pasadosado año, cuando presentó a la comunidadcomunid educativa un borrador para regular pruebas de aptitud obligatorias cada diez años para comprobar que sus docentes siguen en condiciones de impartir clase. La propuesta establecía que las consecuencias de una mala calificación para los interinos podrían acarrear incluso la expulsión de las listas. El documento detallaba que en el caso de que el docente no superara la evaluación, tendría que realizar cursos de reciclaje y formación para ponerse al día. De momento, ha quedado en ‘stand by’ hasta que el Gobierno central que salga de las urnas el 20 de diciembre decida qué destino da al Libro Blanco de la Función Docente.

Noticia original aquí

Anuncios

Acerca de Antonio ML

Facultativo de Estadística, Servicio de Apoyo a la Investigación. Universidad de Murcia.
Esta entrada fue publicada en CARM, Educación, escuela pública., LOMCE, Noticia, Valores. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s