La nueva ley escolar encara la recta final


El Congreso vota hoy la polémica séptima norma educativa de la democracia en medio de un rechazo generalizado

Con las leyes educativas en España, tanto las universitarias como las no universitarias, se suele repetir el mismo esquema: las que impulsa un Gobierno del PSOE (LOGSE, LOE, LOM-LOU) suelen tener apoyo de más grupos parlamentarios y las del PP (LOCE, LOU), menos; aunque tanto unas como otras van acompañadas siempre de manifestaciones de protesta en las calles. Y con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se repite la historia. El PP aprobará hoy previsiblemente en el Congreso la reforma que impulsa el ministro de Educación, José Ignacio Wert, apoyándose en su mayoría absoluta, pero con el rechazo frontal de la mayor parte de los grupos de la oposición que, de hecho, se han comprometido a derogar la norma en cuanto el juego de mayorías se lo permita. Tras la aprobación de hoy, la norma tendrá aún que pasar por el Senado y volver después al Congreso para su aprobación definitiva. 

Así, aunque el esquema es parecido, esta vez existen, el contexto de la séptima ley escolar de la democracia presenta algunas particularidades, sobre todo, unos recortes educativos que ya suponen más de 6.400 millones menos en los presupuestos escolares que en 2010 y que han unido en la protesta a padres, alumnos y profesores de toda España y de todas las etapas educativas. Primero, contra el tijeterazo -en lo que se ha llamado la marea verde– y, después, también contra una reforma que la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ve como la otra cara de la misma moneda, es decir, un cambio que institucionaliza una especie de escuela low cost.

En general, incluso desde los sectores más afines a las políticas del Partido Popular, se han quejado durante el proceso de redacción y tramitación de la LOMCE de falta de diálogo por parte del ministerio, que ha visto cómo en algún momento se le han rebelado incluso las comunidades gobernadas por el PP.  El ministerio siempre ha defendido su propuesta como la mejor receta para acabar con los males que, aseguran, han causado las leyes del PSOE: un alto abandono escolar temprano (un 24,9% de los jóvenes de 18 a 24 años deja de estudiar después de la ESO) y unos mediocres resultados en las pruebas internacionales como PISA.

Pero ¿en qué consiste la reforma? Aunque para la oposición toda ella es ideológica, el ministerio admite que los es una parte, pero que el núcleo central está basado en las evidencias que aportan los estudios internacionales como el de PISA de la OCDE. La parte que admiten ideológica se refiere a la recuperación de una asignatura alternativa a la Religión católica (una vieja reivindicación de los obispos para atraer a más alumnos a la asignatura confesional), la eliminación completa de Educación para la Ciudadanía, y el blindaje a los colegios que separan por sexo para que puedan recibir subvenciones públicas (algo que con la ley actual es ilegal, según varias sentencias). Muchos meterían también en este apartado el apoyo a la enseñanza concertada, al incluir la libertad de enseñanza entre los principios de la educación, quitar la palabra “pública” en la frase que dice que las administraciones tendrán que garantizar una plaza escolar o al respaldar legalmente la cesión de suelo público a centros privados.

En la otra parte, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, colocaba en una reciente entrevista: “Modernizar y hacer más atractiva la FP [se crea un nuevo título, dentro de la etapa obligatoria: la FP Básica]; evaluaciones externas a los centros [serán reválidas al final de la ESO y bachillerato], que tendrán más autonomía, pero con más rendición de cuentas, y una configuración de las asignaturas que redefina el papel del Estado, las comunidades autónomas y los centros”. Aparte de eso, se adelantan los itinerarios diferenciados hacia la FP y el bachillerato y las vías alternativas a la ESO.

La oposición ha calificado este conjunto de medidas como “segregador” y “un regreso al pasado” que perjudicará, aseguran, a los alumnos desfavorecidos; con ese adelanto de itinerarios, o las reválidas, entre otras cosas. El próximo 24 de octubre todo el sector educativo está llamado a una nueva huelga general (la tercera en lo que va de legistura) dentro de un calendario de un movilizaciones que incluye una consulta popular sobre la ley.

Fuente: EL PAIS.(10/Oct/13)

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